La presión sostenida del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), del doctor Emilio Salguero Chávez (delegado del CNPT en Extremadura) y de ATAEX, reforzada por la denuncia conjunta de Nofumadores.org, ATAEX, ENSP y ASH, ha logrado la cancelación de una jornada sobre tabaquismo dirigida a médicos de Atención Primaria y financiada por Philip Morris International. Detrás, una cátedra universitaria pública extremeña cofinanciada por la mayor tabaquera del mundo con el aval implícito de varias instituciones sanitarias y políticas de la región.
Una cátedra pública con financiación tabaquera
En el centro del caso se encuentra la Cátedra de Investigación para la Reducción del Riesgo Cardiovascular de Extremadura (CIRRCE), promovida por la Universidad de Extremadura (UEx) y creada, según su propia página web, con el apoyo expreso de la Diputación de Cáceres y de la multinacional tabaquera Philip Morris International (PMI). Que una universidad pública acepte financiación de una empresa cuyos productos provocan en Extremadura alrededor de 1.500 muertes evitables cada año vulnera de forma directa el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), ratificado por España en 2005.
Las directrices de aplicación de ese artículo establecen como primer principio rector que «existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública», y subrayan que la protección debe extenderse a todos los organismos públicos, instituciones académicas incluidas. En la misma línea, el acuerdo «Productos del tabaco y relacionados» del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aconseja sin matices no consumir ni los productos tradicionales del tabaco, ni los productos de tabaco por calentamiento, ni los cigarrillos electrónicos.
Meses de alertas desde el ámbito sanitario extremeño
La preocupación por la Cátedra CIRRCE no es nueva. Desde su creación, profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes y de salud pública en Extremadura y en todos los puntos de España, vienen trasladando, por todos los cauces institucionales, su rechazo a la vinculación de una cátedra universitaria pública con la industria tabaquera.
Ya el 3 de febrero de 2026, el doctor Emilio Salguero Chávez —médico de familia emérito del Servicio Extremeño de Salud y delegado del CNPT en Extremadura— dirigió un escrito a una larga lista de instituciones (del Rectorado de la UEx al Ministerio de Sanidad, ANECA, el Instituto de Salud Carlos III, consejerías y sociedades científicas) alertando del conflicto de intereses estructural. Salguero recordaba que PMI comercializa también dispositivos de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina bajo el paraguas de la «reducción del daño», eje de su estrategia comercial. A esta labor se ha sumado de manera continuada la Asociación de Afectados por Tabaquismo en Extremadura (ATAEX), única organización de afectados de la comunidad, que viene denunciando el desamparo institucional de los pacientes en una región sin plan de actuación frente al tabaquismo.
El 30 de marzo de 2026, el propio CNPT —del que Nofumadores.org forma parte activa y que aglutina a 45 sociedades científicas, consejos profesionales y organizaciones ciudadanas— remitió una carta al Rector de la UEx subrayando que cualquier forma de colaboración institucional con la industria tabacalera contribuye al blanqueamiento de una actividad responsable de graves consecuencias para la salud pública y compromete la independencia académica.
La respuesta del Rectorado: argumentos alineados con el discurso de la industria
La Universidad de Extremadura respondió por escrito a estas advertencias. Lejos de abrir una reflexión sobre la pertinencia de mantener una cátedra financiada por una tabaquera, el Rectorado defendió el convenio con argumentos que coinciden con el encuadre que la propia industria del tabaco viene desplegando desde hace años: las estrategias clásicas de prevención no estarían siendo suficientes y no deberían rechazarse «tecnologías científicamente comprobadas» que puedan beneficiar a quienes ya fuman. Es exactamente el marco con el que PMI presenta sus productos de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina.
Más llamativo aún es el tratamiento que el Rectorado da al artículo 5.3 del CMCT, al que describe como una mera «declaración de principios» sin traslación a la legislación ni a la actividad universitaria. Esta lectura es, sencillamente, incorrecta: el CMCT es un tratado internacional jurídicamente vinculante ratificado por España en 2005 que, conforme al artículo 96 de la Constitución Española, forma parte del ordenamiento jurídico interno desde su publicación en el BOE. Sus directrices de aplicación obligan a todos los organismos públicos —universidades incluidas— a evitar interacciones con la industria tabaquera que no sean estrictamente necesarias para su regulación.
La respuesta del Rectorado, además de eludir la cuestión central, sitúa a quienes plantean estas objeciones como personas cuyos «deseos» podrían alterar la marcha de la investigación científica. Una formulación que, lejos de despejar las preocupaciones, las confirma.
La jornada que iba dirigida a los médicos de Primaria
Pese a todas estas advertencias, la Cátedra CIRRCE anunció para el 21 de mayo de 2026 una «Jornada de divulgación sobre reducción de daño cardiovascular y tabaquismo» en la Casa de la Cultura de Talayuela (Cáceres) —localidad que, no por casualidad, es una de las principales zonas productoras de tabaco en España—. El evento, organizado con la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (FundeSalud), contaba con la colaboración de la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Talayuela, y estaba previsto con la presencia del Rector. Una parte sustancial del programa se centraba en «reducción de daño» mediante productos alternativos de nicotina y tabaco, con ponencias dedicadas a diferenciar entre nicotina y humo y a presentar «soluciones innovadoras para el fumador irredento» —terminología prácticamente calcada del discurso corporativo de PMI—.
El aspecto quizá más grave fue la difusión. El 13 de mayo de 2026, la Subdirección de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud remitió un correo a todos los centros de salud de Extremadura, dirigido «a la atención de todos los profesionales de Atención Primaria», invitándoles a participar en la jornada como un espacio de «reflexión y debate» «desde una perspectiva científica y sanitaria», sin mención alguna a su financiación tabaquera. Los canales oficiales del sistema sanitario público extremeño se utilizaron para convocar a su personal médico a un acto financiado, en último término, por la mayor multinacional tabaquera del mundo.
La denuncia conjunta del 18 de mayo
Al conocerse esta difusión, el doctor Salguero volvió a dirigirse, el 14 de mayo, al Ministerio de Sanidad, al de Ciencia, Innovación y Universidades, a la Organización Médica Colegial, al Colegio de Médicos de Cáceres, al CNPT y a las principales sociedades científicas, advirtiendo del uso de estructuras académicas y sanitarias públicas para otorgar legitimidad a enfoques alineados con la industria.
Cuatro días después, el 18 de mayo, Nofumadores.org, junto con ATAEX, la European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) y Action on Smoking and Health (ASH) —dirigida por Laurent Huber—, articularon una denuncia conjunta de alcance nacional e internacional y remitieron una carta formal a FundeSalud exigiendo que retirara su apoyo, eliminara su logo de la comunicación del evento y renunciara a aportar ponentes. La carta fue firmada por Raquel Fernández Megina (presidenta de Nofumadores.org y tesorera de la ENSP), Mª Antonia Pardo Rodríguez (ATAEX) y Laurent Huber (ASH).
«Resulta inadmisible que una fundación sanitaria pública preste su nombre a un evento financiado por la industria que más muertes evitables causa en el mundo», afirmaba Raquel Fernández Megina en la carta. «El artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS no es una recomendación: es una obligación que España asumió en 2003 y que las administraciones públicas tienen el deber reforzado de respetar». La carta fue acompañada de una campaña pública de denuncia que situó el caso en la agenda mediática nacional, sumándose al trabajo que venían desarrollando desde hacía meses el Dr. Salguero, el CNPT y ATAEX.
La jornada, cancelada
El resultado de toda esa presión acumulada fue la cancelación de la jornada. Conviene precisar, no obstante, que según la información disponible podría no tratarse de una cancelación definitiva, sino de un aplazamiento hasta el próximo mes de octubre.
Aun así, es una demostración de que la vigilancia ciudadana, científica y profesional funciona cuando se organiza y suma voces desde distintos planos: profesionales sanitarios, organizaciones de pacientes, sociedades científicas y plataformas ciudadanas, en el ámbito local, nacional e internacional. Razón de más, en cualquier caso, para no bajar la guardia.
El problema de fondo sigue ahí: una cátedra universitaria pública sigue cofinanciada por Philip Morris International, con el apoyo de una diputación provincial, y con capacidad para programar nuevas actividades dirigidas a profesionales sanitarios. La respuesta del Rectorado deja claro, además, que la Universidad de Extremadura no se plantea, por ahora, revisar este convenio. Cuando una universidad pública y una fundación pública sanitaria participan en este tipo de eventos, lo que la industria está comprando no es ciencia: es respetabilidad institucional.
Lo que pedimos
Desde Nofumadores.org, junto con las organizaciones con las que hemos coordinado esta respuesta, mantenemos las peticiones trasladadas a las instituciones implicadas:
- A la Universidad de Extremadura: que reconsidere su posición, revise la idoneidad de aceptar financiación de la industria tabacalera en estructuras académicas relacionadas con la salud —incluida, llegado el caso, la rescisión del convenio con Philip Morris— y asuma sin equívocos el carácter jurídicamente vinculante del CMCT.
- A FundeSalud: que mantenga la cancelación de su apoyo a este tipo de eventos y adopte un protocolo público de gestión de conflictos de intereses con la industria tabaquera.
- A la Junta de Extremadura: que aclare el uso de los canales del Servicio Extremeño de Salud para difundir un acto vinculado a financiación tabaquera y dote a la comunidad de un plan integral frente al tabaquismo, del que hoy carece.
- A la Diputación de Cáceres y al Ayuntamiento de Talayuela: que reconsideren su participación en iniciativas en las que figura como financiadora la industria tabacalera.
- Al conjunto de administraciones públicas españolas: que recuerden que la protección de las políticas de salud pública frente a la interferencia de la industria del tabaco no es una preferencia, sino una obligación jurídica internacional.
No estamos ante un debate científico legítimo entre escuelas. Estamos ante un caso de manual de interferencia de la industria del tabaco en las políticas públicas de salud. Desde Nofumadores.org, codo a codo con el CNPT, ATAEX y el resto de la comunidad de control del tabaco, seguiremos vigilantes.