Las tres organizaciones denuncian que el evento, previsto para el 21 de mayo en Talayuela (Cáceres) y organizado por una cátedra de la Universidad de Extremadura financiada por la tabaquera, vulnera el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco

Madrid, 18 de mayo de 2026 — Nofumadores.org, la Asociación por Afectados por Tabaquismo de Extremadura (ATAEX), la Red Europea de Prevención del Tabaquismo (ENSP) y la organización internacional Action on Smoking and Health (ASH) han remitido una carta conjunta a FundeSalud, la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura, en la que le exigen retirar su apoyo institucional a la «Jornada de divulgación sobre reducción de daño cardiovascular y tabaquismo» convocada para el próximo 21 de mayo en la Casa de la Cultura de Talayuela (Cáceres). Las tres entidades denuncian que el evento, organizado por la Cátedra de Investigación en Reducción de Riesgo Cardiovascular de la Universidad de Extremadura (CIRRCE), está financiado por la empresa tabaquera Philip Morris International (PMI), lo que vulnera de forma directa el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), suscrito por España en 2003.

La jornada cuenta además con la colaboración de la Diputación de Cáceres y del Ayuntamiento de Talayuela, y ha sido difundida a través de canales institucionales del Servicio Extremeño de Salud. La cátedra organizadora, CIRRCE, fue creada por la Universidad de Extremadura con apoyo expreso de Philip Morris International, según figura en su propia página web. Talayuela, localidad anfitriona, es una de las principales zonas productoras de tabaco en España.

«Resulta inadmisible que una fundación sanitaria pública preste su nombre a un evento financiado por la industria que más muertes evitables causa en el mundo», afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org y tesorera de la European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP). «El artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS no es una recomendación: es una obligación que España asumió en 2003 y que las administraciones públicas tienen el deber reforzado de respetar».

Un conflicto de intereses «fundamental e irreconciliable»

El artículo 5.3 del Convenio Marco obliga a los Estados firmantes a proteger sus políticas de salud pública «contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera». Sus directrices de aplicación, adoptadas por la Conferencia de las Partes de la OMS, establecen como primer principio rector que «existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública».

En la misma línea, el acuerdo «Productos del tabaco y relacionados: implicación de su consumo en la salud pública», adoptado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, advierte expresamente de los riesgos tanto del tabaco tradicional como de los productos de tabaco por calentamiento y los cigarrillos electrónicos, y desaconseja sin matices su consumo.

«La llamada ‘reducción del daño’ aplicada al tabaco es una de las grandes estrategias contemporáneas de la industria para sostener su modelo de negocio y ganar legitimidad ante las instituciones sanitarias», explica Fernández Megina. «Cuando una universidad pública y una fundación pública sanitaria participan en este tipo de eventos, lo que la industria está comprando no es ciencia: es respetabilidad institucional».

Especial gravedad por tratarse de entidades públicas

Las tres organizaciones firmantes subrayan en su carta el carácter eminentemente público de las entidades implicadas —Universidad de Extremadura, FundeSalud, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de Talayuela— y recuerdan que los organismos públicos tienen un deber reforzado de cumplir la normativa nacional e internacional en materia de control del tabaco. La participación destacada de FundeSalud, fundación de carácter sanitario vinculada a la administración autonómica, resulta especialmente contradictoria con su propia misión.

ATAEX, la única asociación de afectados por tabaquismo de Extremadura, ha venido denunciando el «desamparo» institucional que sufren los pacientes en una comunidad que carece de plan de actuación frente al tabaquismo, mientras estructuras académicas y sanitarias públicas se utilizan para dar cobertura a enfoques alineados con la estrategia histórica de la industria.

Qué piden las organizaciones firmantes

La carta, firmada por Raquel Fernández Megina (Nofumadores.org / ENSP), Mª Antonia Pardo Rodríguez (ATAEX) y Laurent Huber, director ejecutivo de Action on Smoking and Health (ASH), reclama a FundeSalud que cancele su apoyo institucional a la jornada, retire su logo de toda la comunicación del evento y renuncie a aportar ponentes desde su entidad.

Las organizaciones piden asimismo a la Junta de Extremadura que aclare el uso de los canales del Servicio Extremeño de Salud para difundir un acto vinculado a financiación tabaquera, y reclaman al conjunto de instituciones implicadas una revisión de sus relaciones con la industria.

«Pedimos a FundeSalud que actúe con la coherencia que se espera de una entidad sanitaria pública, y al resto de instituciones implicadas que se replanteen su papel en esta jornada», concluye Fernández Megina. «No estamos ante un debate científico legítimo: estamos ante un caso de manual de interferencia de la industria del tabaco en las políticas públicas de salud».