Madrid, 18 de marzo de 2026 – Dieciséis ONG europeas, entre las que se encuentran las españolas Nofumadores.org, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), la Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco (SALT) y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC), han dado la voz de alarma ante la revisión en curso de la Directiva sobre la fiscalidad del tabaco (TTD, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea.
Según denuncian, un órgano consultivo clave de la UE, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), ha reproducido en su reciente informe argumentos de la industria tabaquera y presenta conflictos de interés verificables, lo que podría debilitar medidas fiscales cuya eficacia para reducir el consumo de tabaco está sobradamente acreditada.
En este contexto, las conclusiones del informe del CESE sobre la revisión de la TTD, publicado hace unos días, no pueden considerarse, a juicio de las ONG firmantes, una aportación legítima al debate sobre una directiva decisiva para la salud pública. Además, advierten de que el borrador de informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo, publicado el 9 de marzo, también parece reflejar una preocupante permeabilidad a los mensajes engañosos de la industria del tabaco.
La advertencia llega en un momento especialmente delicado para Europa. La región sigue registrando la mayor prevalencia de tabaquismo del mundo, con más de 1,1 millones de muertes al año, y con una evolución preocupante entre mujeres y jóvenes, según los datos difundidos el mes pasado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)[1]. Ante este escenario, las ONG subrayan que sólo una reforma ambiciosa permitirá proteger de forma eficaz la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco en 2040.
Un órgano consultivo europeo recupera los argumentos de la industria
El CESE, que representa a trabajadores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, fue consultado formalmente sobre la revisión de la directiva. Aunque sus dictámenes no son vinculantes, sí tienen peso político dentro del entramado institucional europeo.
Pese a reconocer la necesidad de actualizar el marco fiscal aplicable a los productos del tabaco, el reciente dictamen del Comité reproduce varias narrativas promovidas desde hace años por la industria tabaquera y cuestiona evidencias consolidadas en materia de salud pública. Entre ellas figuran:
la defensa de una “fiscalidad proporcional al riesgo” para nuevos productos, como el tabaco calentado o las bolsitas de nicotina, bajo la lógica de “menos daño, menos impuestos”;
y la idea de que un aumento rápido o elevado de los impuestos especiales favorecería el comercio ilícito.
Las organizaciones firmantes recuerdan que la evidencia científica independiente contradice ambas afirmaciones.
A su juicio, la supuesta reducción de daños se ha convertido en una estrategia comercial que desvirtúa un concepto originalmente vinculado al ámbito de las adicciones. Los nuevos productos, sostienen, perpetúan la dependencia de la nicotina, dificultan el abandono del consumo y responden principalmente a los intereses de la industria.
En el caso del tabaco calentado, diversas investigaciones independientes muestran que estos dispositivos emiten aerosoles con nicotina y sustancias tóxicas. Aunque algunas emisiones puedan ser inferiores a las del humo del cigarrillo convencional, no están exentos de riesgo y sus efectos a largo plazo sobre la salud siguen sin estar claros[2]. Además, la rápida expansión de estos productos entre la población joven en varios países apunta, según las ONG, a una estrategia deliberada para captar nuevos consumidores mediante diseños tecnológicos, sabores variados y campañas de marketing modernas, con el consiguiente riesgo de iniciación y normalización del consumo de nicotina[3].
El caso de Suecia, utilizado de forma engañosa
La industria tabaquera suele presentar el dato de Suecia, con una tasa de consumo diario de tabaco del 5,4 %, como prueba de que productos alternativos sin combustión, como el snus, favorecen el descenso del tabaquismo. Sin embargo, las ONG subrayan que no existe evidencia de que estos productos reduzcan por sí mismos la prevalencia del consumo y advierten de que incluso pueden aumentar el riesgo de iniciación o de consumo dual[4].
Según la Agencia de Salud Pública de Suecia, estos datos son el resultado de una política integral y sostenida de control del tabaco, con medidas como los entornos sin humo, la prohibición de la publicidad del tabaco y la fiscalidad sobre estos productos[5].
Subir impuestos no dispara el mercado ilícito
Otra de las ideas recurrentes de la industria es que cualquier subida fiscal sobre el tabaco provocará un repunte del comercio ilegal. Las ONG rebaten ese argumento con investigaciones independientes y con la experiencia acumulada en Europa, que muestran que cuando suben los precios del tabaco, la cuota de mercado ilícito se mantiene estable[6].
La propia OMS considera que el aumento del precio del tabaco es la medida más eficaz para reducir el tabaquismo y, precisamente por ello, una de las que más amenazan los intereses de las tabaqueras[7].
El informe del CESE cita a Francia como ejemplo del posible auge del mercado ilegal tras el incremento de los impuestos especiales. Sin embargo, los datos oficiales, sostienen las organizaciones, apuntan en la dirección contraria. Entre 2014 y 2022, el precio medio de una cajetilla de cigarrillos en Francia pasó de 7 a 10,50 euros. Durante ese periodo, un estudio del Observatorio Francés de las Drogas y las Toxicomanías (OFDT) concluyó que el comercio ilícito se mantuvo por debajo del 6 %, sin que se produjera un desplazamiento significativo hacia canales ilegales pese a la subida de precios[8].
Conflicto de interés en el centro del proceso consultivo
Las ONG también ponen el foco en la figura del ponente del dictamen del CESE sobre la TTD, Matteo Carlo Borsani, director de Asuntos Europeos de Confindustria, la principal patronal italiana. En ese cargo, representa a empresas asociadas entre las que figuran Philip Morris International y otros productores de tabaco y nicotina[9][10].
Además, en un documento de transparencia publicado por Philip Morris International, la compañía incluye a Confindustria entre las asociaciones empresariales y comerciales en las que ocupó puestos de liderazgo en 2024 o que figuraron entre sus membresías más relevantes financiadas ese año[11].
Para las organizaciones firmantes, este vínculo plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso, especialmente porque el informe del CESE reproduce argumentos clásicos de la industria tabaquera contrarios a medidas de salud pública como el incremento de los impuestos al tabaco, en contra del consenso científico sobre su eficacia.
“Este claro conflicto de interés vulnera el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que obliga a proteger las políticas de salud pública frente a la influencia de la industria tabaquera. Las conclusiones de este informe no pueden considerarse una contribución legítima al debate sobre esta directiva crucial. Exigimos que la UE cumpla plenamente sus obligaciones en virtud del Convenio, aumente la vigilancia sobre las tácticas de influencia de la industria, limite sus contactos con el sector a lo estrictamente necesario para regularlo y haga públicas todas esas interacciones”, afirma Cassandre Bigaignon, responsable de incidencia europea e internacional de Contre-Feu, la alianza francesa contra la industria del tabaco.
Una oportunidad clave para la salud pública
Las ONG recuerdan que la fiscalidad del tabaco es una de las herramientas más eficaces para reducir el consumo y salvar vidas. Sin embargo, advierten de que Europa está perdiendo terreno en materia de control del tabaquismo.
“La región europea de la OMS registra las tasas más altas del mundo de consumo de tabaco y nicotina, incluidas tendencias preocupantes de uso de nicotina entre la población joven. La revisión de la TTD es una oportunidad crucial para revertir esta tendencia. La directiva debe ser ambiciosa, estar preparada para el futuro y guiarse por evidencia científica independiente y por prioridades de salud pública, no por narrativas promovidas por la industria tabaquera. Las instituciones de la UE tienen la responsabilidad de garantizar que este proceso siga siendo sólido, transparente y protegido frente a la influencia de la industria, y de aprobar una directiva que reduzca de forma significativa el consumo de tabaco y nicotina en toda Europa”, afirma Erin Roman, directora de Smoke Free Partnership.
Organizaciones firmantes
Smoke Free Partnership (UE)
Nofumadores.org – Spain
Alliance pour une Société sans Tabac – Belgium
Association of European Cancer Leagues (ECL) – EU
Belgian Foundation Against Cancer – Belgium
Contre-Feu, l’alliance contre l’industrie du tabac – France
Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) – France
Danish Cancer Society – Denmark
European Heart Network (EHN) – EU
European Respiratory Society – EU
Fondation Cancer – Luxembourg
Health Funds for a Smokefree Netherlands – Netherlands
Irish Heart Foundation – Ireland
Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) – Spain
Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco – Spain
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC) – Spain
