Madrid, 3 de julio de 2025.- Ante los intentos de las tabaqueras por frenar la prohibición de las bolsas de nicotina y los sabores de los cigarrillos electrónicos, la ACT, la Alianza Francesa contra el Tabaco, y nueve organizaciones europeas de interés público, entre las que se encuentra Nofumadores.org, denuncian la creciente influencia de la industria del tabaco en las instituciones de la Unión Europea. En un artículo de opinión publicado ayer en Le Monde, las organizaciones instan a los Estados miembros a anteponer la salud pública a los intereses financieros. La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina afirmó que “tabaco oral y nicotina oral son la misma cosa y si la comercialización del primero está prohibida en la UE, salvo en Suecia, la de la segunda también debería estarlo y si no es así es porque las todopoderosas tabaqueras están usando países en los que pueden comprar voluntades para presionar a través de políticos corruptos con el objeto de impedir que se produzcan estas prohibiciones y regulaciones de los productor nicotínicos. El interés de las tabaqueras no es ayudar a dejar de fumar, ni proteger la salud de aquellos que fuman activa o pasivamente, es perpetuar las sinergias de su negocio a expensas de la salud pública”.
En febrero, Francia notificó a la Comisión Europea su intención de prohibir los productos orales de nicotina, en particular, las bolsas de nicotina altamente adictivas, ampliamente comercializados por la industria para captar a los jóvenes como consumidores a largo plazo. Sin embargo, la respuesta de la UE se ha retrasado, obstaculizada por el intenso lobby de la industria tabacalera y la interferencia política de Estados miembros con fuertes vínculos financieros con las compañías de cigarrillos.
Lo mismo ha ocurrido con el Real Decreto 579/2017 español que busca prohibir los sabores de los cigarrillos electrónicos y reducir al máximo el contenido nicotínico de las bolsas de nicotina sintética. El Ministerio de Sanidad envió a Europa el RD a principios de año para ser sometido al resto de miembros de la Unión. Antes de que terminara el plazo, el pasado 28 de abril, seis países presentaron objeciones al mismo, lo que ha hecho que el plazo para que Europa dé su visto bueno se alargue otros tres meses. “Estas objeciones tienen como finalidad retrasar y descarrillar medidas para proteger a los adolescentes y a los propios fumadores adultos que, engañados, no consiguen desengancharse ni del tabaco ni del vapeo”, sentenció la presidenta de Nofumadores.org
Presencia del lobby tabaqueros en los países que se oponen
Países como Italia, Grecia, Suecia, Hungría, Rumanía y la República Checa —todos ellos beneficiarios de importantes inversiones por parte de Philip Morris International, British American Tobacco y Japan Tobacco International— han presentado objeciones formales a la propuesta española y a la francesa. Por ejemplo, Philip Morris ha invertido 1.000 millones de euros en una nueva planta de fabricación en Bolonia (Italia), mientras que British American Tobacco comprometió 500 millones en 2023 para un “centro de innovación” en Trieste. Desde 2017, Philip Morris también ha destinado cerca de 700 millones a una fábrica de nuevos productos en Grecia. Estrategias de presión similares se desplegaron cuando Dinamarca y Bélgica introdujeron normativas nacionales.
En toda Europa, los fabricantes de tabaco y nicotina apuntan agresivamente a los jóvenes, incluidos menores de edad, mediante estrategias de marketing que imitan campañas de salud pública. Promocionan las bolsas de nicotina como herramientas para dejar de fumar, aunque en realidad estos productos constituyen una fuente clave de beneficios para la industria.
La sociedad civil exige una acción inmediata: los Estados miembros deben resistir la presión de la industria del tabaco y adoptar prohibiciones nacionales firmes sobre las bolsas de nicotina y los sabores de los vapeadores. Al mismo tiempo, la Comisión Europea debe revisar urgentemente las directivas sobre tabaco, hoy obsoletas, para cerrar vacíos legales y garantizar que las políticas comunitarias estén guiadas por el interés público, no por la influencia de la industria.
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