El 22 de octubre de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1093/2024, que regula la gestión de los residuos de los productos del tabaco (filtros) en el marco de la Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, y establece la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).
Siguiendo el principio de “quien ensucia paga”, el decreto establece que sea la industria tabaquera quien asuma el costo de la limpieza de estos residuos. Sin embargo, también le otorga la gestión directa de esta limpieza, lo que supone un grave problema, ya que permitirá a las tabaqueras firmar contratos con la administración pública. Esto facilita su acceso a representantes de municipios y comunidades autónomas, en contradicción con el artículo 5.3 del Convenio Marco de Control del Tabaco, que prohíbe la interferencia de la industria en políticas de salud pública, salvo en casos estrictamente necesarios para la regulación del sector.
Además, el decreto permite a la industria tabaquera lavar su imagen a través de programas de responsabilidad social, que incluyen tanto la gestión de residuos como campañas de concienciación. Algunas de estas campañas pueden resultar contraproducentes, como la distribución de ceniceros de bolsillo, que ayudan a normalizar el consumo de tabaco en lugar de reducirlo.
Coincidiendo con la publicación del decreto, la industria del tabaco anunció la creación de “Avora”, una supuesta asociación sin ánimo de lucro que, según su propia descripción, busca “unir a todos los productores de productos del tabaco con filtros y filtros para tabaco con el propósito de ayudar a la correcta gestión de los filtros de tabaco con plástico y concienciar a la ciudadanía”. En realidad, esta iniciativa representa una nueva estrategia de la industria para mantener su influencia en la regulación de sus propios productos.
Ante esste grave problema, Nofumadores.org lanza una campaña para recabar el apoyo de organizaciones sanitarias, civiles, de consumidores, medioambientales y de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. El objetivo es exigir al Gobierno de España la modificación del Real Decreto para que la industria tabaquera únicamente pague la factura de la limpieza de los residuos que genera, pero no participe en su gestión ni en campañas de concienciación.
Gracias a esta iniciativa, sesenta y cuatro organizaciones han respaldado la petición de Nofumadores.org, que ha emplazando al Ministerio para la Transición Ecológica mediante una misiva a cambiar la redacción del decreto para impedir que ONGs vinculadas a la industria del tabaco puedan acceder a contratos públicos para la gestión de residuos del tabaco.
